Al día siguiente de los acontecimientos en una larga entrevista a la televisión pública, Rafael Correa expuso con claridad meridiana la tesis oficial: el problema salarial que públicamente adujeron los policías amotinados para justificar su insubordinación fue una vulgar excusa. Hubo un intento de golpe de estado urdido por conspiradores ligados al Partido Sociedad Patriótica del ex–presidente Lucio Gutiérrez, y, al fallar el designio de sublevar a las Fuerzas Armadas, optaron por el “plan B”, matar al Presidente de la República. El descontento por los cambios en el régimen de remuneraciones de la policía no podía ser la causa del alzamiento porque la Ley de Servicio Público, aunque eliminaba las bonificaciones por condecoraciones y ascensos, aumentaba los salarios totales al incluir el pago por horas extras. Sobre todo, recalcaba el Presidente, el apoyo gubernamental a la institución habría sido inmenso: sensible aumento de los salarios entre 2007 y 2010, mejora en el equipo operativo, inversiones en la infraestructura física. Por eso, dados sus titánicos esfuerzos públicos pronto olvidados, se sintió hondamente traicionado[1].
La tesis del motín, por el contrario, afirma que no hubo intento de golpe. Jamás se hizo ninguna proclama golpista y prácticamente todos los altos oficiales policiales buscaron el apaciguamiento. El secuestro o retención del Presidente de la República, el peligro que corrió su vida y la violencia de los sucesos ligados al rescate de la noche del jueves, se explican por el caldeamiento de los ánimos conforme se fueron encadenando acontecimientos improvisados provocados por la furia del momento. El aspecto decisivo de ese desencadenamiento de la violencia y del plagio que puso en riesgo la estabilidad institucional del país, habría sido la imprudente actuación del Presidente en las primeras horas de la mañana cuando acudió personalmente al Regimiento Quito No. 1 con el fin de resolver el problema.
Allí terminó perdiendo la compostura y desafiando abiertamente a los sublevados: “Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está: mátenme. Si les da la gana, mátenme, si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos (…). Si quieren tomarse los cuarteles, (…) si quieren traicionar su deber (…), si quieren destruir la patria, destrúyanla, (…) [yo no daré] ni un paso atrás”. Esta intervención caldeó los ánimos y desencadenó la secuencia de acontecimientos que llevó a convertir el motín gremial en un secuestro que pudo costarle la vida[2].
¿Qué pensar de estas interpretaciones contradictorias? La información es, por supuesto, fragmentaria, secreta, impermeable al escrutinio detallado. Ofrecemos aquí una especulación verosímil y provisional, basados en la información fragmentaria de la que disponemos.
Tesis alternativa
El primer hecho a tomar en cuenta es que en las primeras horas de la mañana, la huelga policial no fue un hecho aislado en un batallón determinado. Fue un acto masivo que dejó sin policía a todo el país. De la información disponible, sólo en las ciudades de Cuenca y Esmeraldas, la tropa de la policía regresó al trabajo luego de conversaciones con sus superiores. Esto indica que, si hubo conspiración, había también un respaldo masivo a la “excusa” salarial o gremial. ¿Cómo explica el oficialismo este apoyo masivo? Básicamente por la desinformación de los agitadores, las mentiras repetidas y el aprovechamiento de que los policías no habían leído detalladamente la ley y no conocían los beneficios que les aportaba. En una palabra, el engaño.
Esta explicación “intelectualista” no es satisfactoria. Supone que un hecho muy poco frecuente en la historia ecuatoriana, una huelga nacional de policías (la última data del año 1980), puede deberse a agitadores que engañan a masas dócilmente manejables. La verdad es que la agitación solamente surte efecto donde el ambiente es receptivo. No solo eso, dos altos oficiales, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el día jueves, y el Comandante General de la Policía, cuando renunciaba el día viernes, en actos insólitos, pidieron públicamente la revisión de la medida. ¿Ellos tampoco la habían leído? ¿Nadie sabe leer? El oficialismo reconoce que la ley elimina las bonificaciones por condecoraciones[3] y ascensos pero dice que se las compensará con horas extras. La diferencia práctica es que el beneficio actualmente existente se retira y se cambia el criterio de asignación de la bonificación adicional: en lugar del “mérito” en acción, el tiempo de trabajo. El impacto “identitario” del cambio para la policía parece ser tan importante, al menos, como el puramente pecuniario.
El tema había sido debatido en la Asamblea Nacional durante el tratamiento de la ley presentada por el ejecutivo. Luego de intensas discusiones, la Asamblea aceptó la negociación: incluyó la excepción para las Fuerzas Armadas y la Policía, de manera que pudieran seguir percibiendo este tipo de bonificaciones. El Presidente vetó esta excepción en la ley: no aceptó la negociación de la Asamblea porque no le parecía lógica. En la entrevista concedida a Ecuador TV, mencionada antes, Rafael Correa explicó que si aceptaban esas diferencias, todas las otras instituciones del sector público tenían derecho a sus propias excepciones, y si lo policías querían mantener estas bonificaciones, entonces debería volverse enteramente al sistema antiguo y recibir el monto de su antiguo y reducido salario. Todo o nada.
La misma actitud ha sido mantenida por el ejecutivo en otras leyes, donde ha desconocido acuerdos parlamentarios o sociales previos y sus vetos restituyen las propuestas originales del gobierno central. El caso más reciente y parecido es el de la Ley de Educación Superior, en el cual la negociación previa entre los rectores y la Asamblea fue enteramente desconocida por el Presidente con el argumento de que en la votación final faltó el prometido apoyo de la oposición. Estas discrepancias alcanzan a los diputados del propio partido gobierno y es lo que, como dijo el Presidente, lo llevó a
considerar seriamente la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones para lo que queda del período de gobierno. Este mecanismo, previsto en la Constitución de 2008, fue descartado luego de la crisis.
La tesis más radical de la conspiración, que supone la existencia de una masa de policías ignorantes y dócilmente manipulados, carece de toda seriedad. Es insostenible. Es evidente que, internamente, el gobierno debe hacer otro análisis. Voceros del propio gobierno han dado a entender que, más allá de los discursos públicos del Presidente, reconocen que existe un malestar policial más profundo que podría estar en la base del problema. En efecto, Alexis Mera, jefe del equipo jurídico de la Presidencia de la República y personaje prominente durante la crisis, lo expresó muy bien en una entrevista ofrecida a Diario El Comercio:
Los informes que tenemos es que sí se la hace [Gustavo Jalkh, ministro del interior, que sí explica a los policías los beneficios de la ley]. Pero parece que hay gente infiltrada que está haciendo una propaganda en contra. No son solo los Gutiérrez (…). La Policía tiene ciertas estructuras complicadas que han estado vinculadas a gastos reservados del Departamento de Estado norteamericano. Eso se cortó. Hace más de dos años ya tuvimos incidentes cuando llegó la Embajadora, entró a la Policía y se llevó unas computadoras como si fuera su casa. Hay gente que ya no tiene esos beneficios y que está resentida. Si esa gente quiere que el Gobierno americano siga manejando la Policía, está equivocada (…). Hay planes de entregar la Policía de Migración a otra entidad; entregar la de Tránsito a los municipios, entonces hay funcionarios que creen que son espacios de poder y que pueden afectarlos (…). Hay oficiales y personal inconformes con las decisiones del Gobierno: la Comisión de la Verdad, la investigación de los abusos de la Policía en los últimos 25 años.
El secretario jurídico se refiere a cambios institucionales operados en los últimos años, a los que habría que añadir la supresión de la autonomía de los servicios de inteligencia, la realización de varios juicios por abusos policiales en la lucha contra la delincuencia y la supresión de los cobros por la participación en los concursos para el ingreso de nuevos reclutas[4].
En suma, el cambio salarial ocurrió en un marco de una profunda intranquilidad por el avance de las reformas dentro de la policía. Ese es el caldo de cultivo de la agitación interna de los sectores más reaccionarios de la oficialidad y la tropa. Grupos que no necesariamente son seguidores de Lucio Gutiérrez pero que fácilmente pueden coaligarse con él. Simplificando las cosas, la política global del gobierno con la policía puede interpretarse como un intento de compensar los apoyos que se pierden por el proceso de restructuración interna con importantes concesiones salariales, de equipamiento y de dotación de infraestructura. Pero la compra de la lealtad no es tan duradera y estable como la lealtad verdadera.
Podemos formular sintéticamente la hipótesis: el trabajo de los agitadores y conspiradores de la derecha militar y policial que existen desde el inicio del gobierno (y que seguirán existiendo después) tiene una creciente influencia en la policía porque está extendido el descontento y la intranquilidad de los grupos de oficiales “duros”, provocados por las reformas institucionales en curso. Ese caldo de cultivo, claramente reaccionario, se encontró con un descontento más amplio, el de una parte de la tropa que buscaba mantener un beneficio particularmente valorado: en su comprensión de las cosas, los beneficios adicionales no tenían por qué significar el sacrificio de los beneficios existentes. El gobierno, al no saber oír o negociar el tema secundario de la bonificación, brindó la ocasión para la influencia de los grupos duros y de los conspiradores. El desafío personal lanzado por el Presidente de la República en la mañana del jueves en el Regimiento Quito, empeoró la situación. Evidentemente no la provocó. Sin el ambiente previo, es difícil pensar que su error hubiera tenido las terribles consecuencias que sufrimos.
En efecto, la publicación de las comunicaciones radiales de los sublevados presentadas por la prensa el día 5 de octubre no dejan lugar a dudas: varios de los implicados estuvieron dispuestos en los momentos más tensos de la refriega de la noche, a matar al Presidente. Pero tampoco había una voz de mando unificada: los uniformados improvisaban. Queda claro también que Rafael Correa estuvo efectivamente secuestrado: no estaban dispuestos a dejarlo salir a menos que firmara el compromiso de la amnistía y de la revisión de la ley. El Presidente se negó terminantemente. Resulta también evidente que hubo varios personajes ligados a Lucio Gutiérrez en los hechos en el Regimiento Quito y en el ataque a la televisión pública. Pero, como dice Alexis Mera, no son sólo los gutierristas.
Es plausible suponer que la influencia de este grupo, si existe, es mayor en el ejército[5], que no plegó al paro[6]. La razón probablemente estriba en que las transformaciones institucionales son menores en las Fuerzas Armadas que en la Policía. Se han perdido privilegios similares a los que perdieron todas las otras dependencias públicas en cuanto a comisariatos exclusivos, clubes para descanso familiar y servicios médicos. Pero se han mantenido otras importantes: empresas, estructuras de mando y controles operativos. Los beneficios por condecoraciones pueden imaginarse menores a los de la policía en la medida en que hay menos combates y por lo tanto el impacto salarial (y sobre todo moral – identitario) de la Ley de Servicio Público pudo ser menor. Sobre todo, las políticas desarrollistas clásicas del gobierno, que recuperan el papel del Estado en la economía y lo revaloran como conductor de un proyecto de engrandecimiento y fortalecimiento patriótico, puede tener más oídos receptivos en la oficialidad del ejército y las Fuerzas Armadas que en la Policía.
Las reacciones
Incluso si las demandas contra la Ley de Servicio Público pueden considerase justas, la combinación con el rechazo a la reforma policial y la agitación gutierrista hacen de éste un motín reaccionario. Las organizaciones populares y progresistas solo podían repudiarlo y combatirlo. Pero no fue así. Aunque la movilización social en defensa del gobierno fue rápida e importante, fue también bastante modesta: nunca hubo ríos de gente en la calle. No obstante, todas las encuestas muestran que hubo un masivo repudio a la posibilidad del golpe, a la retención del Presidente y a la actitud de la policía que dejó desguarnecidas las ciudades. El repudio fue mucho más grande entre los sectores populares que simpatizan masivamente con el gobierno. Pero no es un apoyo organizado, capaz de movilizarse a tiempo y con dirección. Depende de la reacción espontánea de la gente. Es posible especular que hubo mucho margen para que el apoyo en la calle creciera si la situación se agravaba y perduraba.
Sobre todo, el motín policial inicial contra la Ley de Servicio Público, encontró eco en horas de la mañana en sindicatos públicos descontentos por una norma que, además del problema salarial de los policías, conculcaba derechos laborales. Los intentos sindicales de conversar se habían estrellado, como de costumbre, contra la negativa del gobierno a negociar los términos de los cambios. Estos grupos sindicales descontentos que esperaban inicialmente apoyar (y apoyarse) en la demanda policial, rápidamente se retiraron cuando, en horas de la tarde, el proceso estaba desbordado. Jamás saldrían a la calle a defender al gobierno. Hubo también grupos aislados de estudiantes descontentos por el trámite de la Ley de Educación Superior, donde el gobierno mantuvo una actitud igualmente inflexible, que salieron a apoyar a la policía, pero desaparecieron luego del mediodía. Tampoco los maestros organizados rechazaron el secuestro, reflejando la dureza del conflicto que los aleja del gobierno incluso se apoyan el proyecto de Ley de Educación General, actualmente en trámite. Entre las organizaciones indígenas resultó difícil la negociación interna sobre la posición a adoptar debido a los constantes conflictos y las humillaciones que han recibido de parte del Presidente y los ahora sistemáticos intentos de debilitarlas por parte del gobierno. Al mediodía, la organización decidió repudiar el golpe no sin dejar de reafirmar sus diferencias con el gobierno[7]. No estaba en condiciones, por lo tanto, de hacer ninguna movilización contra el motín. Las organizaciones rurales más cercanas al gobierno, como la FENOCIN o la CNC, repudiaron el golpe pero no se movilizaron. En síntesis, entre las organizaciones populares importantes, los golpes pasados y reiterados del gobierno han sido demasiado frecuentes como para salir a la calle en su defensa. Es la cosecha de una política gubernamental sistemática de alejamiento, intolerancia, desprecio e incluso persecución a las organizaciones populares.
El resultado es que la defensa más efectiva e inmediata contra la desestabilización resultó estar en las fuerzas armadas y en la respuesta internacional. Esta vez el peligro quedó momentáneamente conjurado pero la falta de diálogo y el empecinamiento gubernamental, no con los grupos de conspiradores reaccionarios, sino con cualquier fuerza progresista y organizada, que podrían movilizarse en su defensa, le sustrae aliados que más temprano que tarde le serán indispensables. Así como se puede valorar el aplomo presidencial en los momentos más tensos de la crisis, es un grave error mantener la misma actitud con todos en toda circunstancia despreciando la negociación política con organizaciones sociales. Se acumulan y suman peligrosamente los descontentos sectoriales: en la política agraria, indígena, laboral, universitaria, entre otros. No impiden que la popularidad del Presidente se mantenga alta, pero le enajenan aliados activos y políticamente definidos. Vencer las resistencias encontradas (y las que se seguirán encontrando) para las reformas más necesarias, requieren que se dialogue y se negocie con quienes pueden apoyar no solamente por beneficios particulares sino por convicción histórica. El empecinamiento en el enfrentamiento con los grupos organizados y activos de los sectores progresistas le puede resultar muy caro en el próximo enfrentamiento con los grupos más reaccionarios.
¿Golpe o motín?
Uno de los argumentos del Presidente de la República contra la tesis del simple motín es que se trataba de una nimiedad secundaria y casi ridícula. ¿Justificaba eso el secuestro o incluso la simple retención contra su voluntad del primer mandatario? La hipótesis de este análisis es que se trató de algo más ‘que una demanda puramente salarial. Un asunto salarial, pero también identitario, se mezcló con un descontento corporativo más amplio en una institución demasiado “complicada” (para usar la expresión de Alexis Mera) que está siendo afectada en sus feudos y sus intereses. Fue un motín reaccionario con implicaciones que desbordaban lo puramente pecuniario. Las condiciones para un golpe de estado no están dadas, pero siempre existen quienes trabajan para crearlas. En los momentos más intensos de la batalla campal personal de Correa con los insubordinados pudo ocurrir, si no el golpe, que se mostraba, por decir lo menos, muy mal preparado, sí la muerte del Presidente que parece no menos grave. Una “sucesión institucional” hubiera seguido a su muerte junto a la rápida disgregación de un movimiento político mortalmente dependiente de su figura.
Visto en una perspectiva más general, ¿salió fortalecido el gobierno? Es difícil saberlo. Hubo un repudio generalizado a la actitud policial y los sondeos muestran un aumento de la popularidad del gobierno. Pero en el mediano plazo, la negativa a considerar las demandas sectoriales o a construir frentes basados en el diálogo entre grupos con planteamientos afines, erosiona la base social potencial del Movimiento PAIS y puede llevar a la agregación paulatina de los crecientes agravios particulares. Además, la solución específica del “problema policial” se presenta muy difícil: ¿Por dónde pasar la tijera que separe las concesiones de la mano firme? Sea como sea, allí, en la policía, no podrá encontrar aliados firmes. El gobierno necesita entender que no podrá hacer los cambios solo. Tiene que decidirse a escoger aliados en lugar de abrir frentes a izquierda y derecha. Una vez que los escoja, si son en verdad aliados, debe negociar las políticas con ellos. Sin construir acuerdos y cambiar la prepotencia por el diálogo, las facturas del conflicto y la incertidumbre de sus resultados seguramente se agravarán en los próximos tiempos.
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[1] Entrevista concedida en la televisión pública, Ecuador TV, a Xavier Lasso, 1 de octubre de 2010.
[2] Los más radicales llegan a decir que ni siquiera hubo secuestro porque el Presidente mantuvo comunicación con sus allegados, con el resto del mundo, y conservó su guardia personal. Esto olvida, sin embargo, que los amotinados afirmaron muchas veces, como recuerda la prensa, que no dejarían salir al Presidente a menos que firmara un compromiso.
[3] Se trata de reconocimientos por acciones en combate o actos de valor en cumplimiento del deber.
[4] Hace meses la gratuidad de la presentación de carpetas provocó que el número de aspirantes de los sectores populares para ingresar a la policía desbordara todas las expectativas y se produjeran tumultos y serios problemas de tránsito por la muchedumbre en varios destacamentos. Destaco también la importancia del control de la policía de tránsito por la importancia del cobro de multas, matrículas de vehículos, etc.
[5] Del ejército, en efecto, proviene la mayor parte de la dirigencia de Sociedad Patriótica.
[6] Entre los militares se registraron tres incidentes, de lo que se conoce: la toma del aeropuerto de Quito, de Latacunga y un conato de conflicto en el Ministerio de Defensa. Un hecho llamativo, sin embargo, es que el apoyo del Comando Conjunto al gobierno constitucional ocurrió varias horas luego de los incidentes en el Regimiento de policía, lo que podría implicar una actitud al menos condescendiente.
[8] Preparado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, APDH.
[9] De manera más específica, señalaron que las FF.AA. son una institución subordinada a la autoridad legalmente constituida, pero también dijeron que quieren que se reforme la ley. Una periodista le preguntó si estaba condicionando su ayuda, la respuesta fue que no, pero volvió a insistir en el cambio de la ley.
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Este artículo fue publicado como Informe de Coyuntura. Quito, Comité Ecuménico de Proyectos, octubre de 2010, disponible en www.cepecuador.org y en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1099.
Publicado con permiso del autor.
