Para hablar de Bolivia y su actual política neoliberal, es preciso hablar también de la economía informal, consecuencia precisamente de la nueva política económica imnpulsada por el actual gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la cual es apoyada y financiada por las organizaciones crediticias de la banca internacional.
Las informaciones que llegan desde el país andino, frecuentemente, no reflejan ni suelen ser lo suficientemente amplias y analíticas para entender la magnitud de los problemas sociales más candentes de la realidad nacional -Bolivia está considerada como la menos desarrollada y la más pobre de Sudamérica-, sin embargo, las noticias tienen que ser vendidas por las agencias de prensa internacional a las grandes cadenas de televisión y de prensa escrita occidental, pero desde la óptica de la mera información que ya no interesa ni suscita espectacularidad porque las noticias procedentes de Bolivia son siempre las mismas: Jos golpes de estado de militares o de politiquillos criollos“ o ,,el problema de la hoja de coca y de cocaína“ y con ella, el trabajo de la DEA (Agencia norteamericana de control de estupefacientes) que „lucha contra el narcotráfico en terriotorio nacional habitado por indígenas“. Estas son las noticias ..importantes“ y que dan cuenta de Bolivia como país en el ámbito mundial de las naciones.
En este contexto, en el presente artículo intentaremos en primer lugar dar una imagen sociopolítica y socioeconómica de la realidad boliviana, en segundolugar, de las causas y los efectos de la nueva realidad política económica de mercado libre y del por qué de la economía informal, y finalmente hablaremos de la producción de las hojas de coca y sus implicaciones con el narcotráfico y la razón de por qué no son viables los cultivos alternativos proyectados e impulsados por el gobierno boliviano.
Para los entendidos en materia de finanzas, la economía informal que campea en la población boliviana, es pues, consecuecia de la venta ilegal de la sobreproducción de las hojas de coca que luego se convierten en cocaína -„generando divisas para el país producto del narcotráfico“-, que, según ellos, sostiene la economía del país andino.
Bolivia tiene una población de 6.430.000 habitantes según el censo de 1985 (para 1994 se calculaba en siete millones y medio), en una extensión cuatro veces más grande que Alemania y con tres médicos por cada 10.000 habitantes. La mortalidad infantil es del 13% (Unesco 1992) en sus áreas rurales, donde habita el 65% de la población boliviana. La tasa de analfabetismo es del 25,8%, una de las más altas de Sudamérica.
Este tipo de informaciones no siempre suelen ser frecuentes en la prensa internacional, pues, a quién puede importar estadísticas que, entendiéndolas bien, sólo son números de interés exclusivo para los bancos internacionales que condicionan un determinado préstamo a su conveniencia y a la realidad política del páis que solicita la tan mentada „ayuda económica“.
Bolivia, con una deuda externa de 4.962 millones de dólares, para el año de 1994 (información del Banco Mundial, BM) consumió de sus exportaciones el 40% sólo para amortizar precisamente su deuda externa, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) por persona, para 1994, fue de 983 dólares mientras que el crecimiento económico boliviano fue de 2,1%, registrandoce una inflación del 9% (información del Deutsch-Südamerikanische Bank-DSB).
La nueva política económica implantada en estos diez años de democracia en el país andino, empezó precisamente con el partido del gobierno actual (MNR). En 1985 el MNR reasume por cuarta vez la presidencia de Bolivia, con Víctor Paz Estenssoro en la administración del Estado, y con una inflación del 82.000%.
Como primera medida, el gobierno de Estenssoro quiere parar la inflación galopante dictando el famoso Decreto Supremo 21060 y dispone con ello el cambio fijo del dólar, la libre importación de bienes, el regulamiento de los precios de los artículos de primera necesidad en base a la oferta y a la demanda.
También se decreta la eliminación de subsidios al consumidor y especialmente la descentralización de las grandes empresas como la petrolera (YPFB) y la minera (COMIBOL).
Se autoriza el incremento de capitales sin necesidad de explicar la procedencia del dinero, lo que para muchos significara una insinuación y justificación del narcotráfico y de la economía informal, que hoy por hoy, pululan por las calles bolivianas al mejor estilo de un mercado persa de oriente próximo.
Para octubre del mismo año, la desvalorización del precio del estaño en el mercado internacional de metales es inevitable; recién en 1986 el gobierno reacciona con otro decreto supremo, disponiendo el cierre de las minas estatales con consecuencias impredeci-bles en la clase trabajadora boliviana; 23.000 mineros de los 27.000 quedarán sin trabajo. Abandonadas a su triste suerte, de la noche a la mañana 23.000 personas se vieron en la calle y no les quedó más remedio que emigrar a las grandes ciudades bolivianas y a las zonas de producción cocalera como la del Chapare a 700Kms de la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano.
Con Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR en el gobierno, el programa económico de 1985 está siendo ejecutado implacablemente en el país andino, sujeto – claro está- a condicionamientos como los que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están exigiendo al gobierno nacional: desde la privatización de empresas estatales hasta el cierre inmediato de las „Empresas no rentables“. Con ello se pretende reducir el déficit fiscal afectando gravemente los servicios sociales ya casi inexistentes en la nación boliviana.
La educación escolarizada es precisamente uno de los rubros más afectados. Fueron despedidos de su cargo 45.000 maestros de la enseñanza escolar y a los que quedaron ejerciendo su profesión, sencillamente se les disminuyó el 10% de su salario básico (un profesor de escuela tiene un salario entre 50 a 100 dólares mensuales sumados a sus beneficios sociales, mientras que un ministro de estado sobrepasa los 2000 dólares mensuales, sin contar las comisiones de representación y otros beneficios extras).
La erradicación de las plantaciones de hojas de coca es otro objetivo de la política económica del gobierno de Sánchez de Lozada, exigida e impuesta por el BM y el FMI. Para junio de 1995, el presidente Sánchez de Lozada debía erradicar 1750 hectáreas de cultivos del arbusto, según exigencias de los EEUU a través de su embajador en La Paz, argumentando que Bolivia había aumentado el cultivo de 45.000 hectáreas en 1992 a 47.000 y diciendo que solamente se necesitan 12.000 hectáreas para atender el consumo interno. Note el lector la sutileza de la implicación en política interna boliviana de los yanquis y de como Bolivia sigue siendo un país dependiente económica y políticamente.
La hoja de coca normalmente produce cuatro cosechas por año en el mejor de los casos y una en el peor. La rentabilidad de la misma depende del momento, mientras que los ingresos de los productores son superiores a la media nacional -900 dólares anuales- pero que no les permite grandes dispendios para una „vida cómoda“, mientras que el programa de los cultivos alternativos planificados por el gobierno nacional y asesorado por técnicos extranjeros, sólo les significa 20.000 dólares por hectárea erradicada, siempre y cuando decidan poner en práctica el plan de los cultivos alternativos.
Los agricultores bolivianos piensan que no es viable el proyecto de sustitución del cultivo de la hoja de coca por los otros cultivos, los llamados alternativos, que como los cítricos, el arroz, el café y frutas típicas del trópico boliviano significan también otros problemas de envergadura que preocupan al campesino productor. Ellos argumentan que trabajar con los cultivos alternativos significa que el gobierno nacional debe proporcionarles los medios de transporte para llevar sus productos a los centros de venta y para ello necesitan desde carreteras hasta puentes sobre los ríos (Bolivia es un país donde no existe una infraestructura de carreteras idónea que comunique el campo con la ciudad, el productor agropecuario con el consumidor y los mercados de las ciudades bolivianas). Por otra parte, se manifiesta que los insumos agropecuarios son importados y muy caros, y sumados a los costos de inversión, producción y mercadeo no hacen rentable el proyecto de los cultivos alternativos.
Otro argumento es la relación de precios de los productos alternativos y de la hoja de coca. Las hojas del arbusto tienen un mercado, un precio y un comprador en el mismo lugar de producción del campesino, en cambio los productos alternativos son dependientes de la oferta y la demanda, de la competencia y por último, del estado en el que se encuentra el producto luego de tres o cuatro días de transporte, el cual se realiza primero a lomo de bestia y luego en camiones de carga pesada que no siempre garantizan la „buena“ manipulación del producto en cuestión.
La Dirección Nacional de la Coca (DINACO), organismo gubernamental regulador del mercado nacional de la producción y el consumo de las hojas de coca, corrobora que la sobreproducción de las hojas del arbusto es adquirida por los narcotraficantes en el mismo lugar de producción y también afirma que más de 200.000 personas se dedican a su cultivo. Sin embargo, Evo Morales, representante sindical de los cocaleros, dice que son 350.000 personas las que dependen de las plantaciones del arbusto.
Sacando conclusiones diremos que en los diez años de gobierno del MNR y de política neoliberal, fueron despedidos de sus fuentes de trabajo 23.000 mineros más 45.000 profesores, sumando un total de 68.000 personas desocupadas.
¿A dónde fueron a dar con su humanidad las personas desempleadas? ¿Qué pasa con el inmenso resto de población sobrante? ¿A qué se dedican? ¿Cómo y cuáles son sus medios de ingreso económico? ¿Será posible imaginarse que cientos, miles de personas deambulen por las calles de las ciudades bolivianas dedicadas al narcotráfico y a la economía informal?
Las estadísticas no siempre suelen ser lo que en apariencia quieren mostrar, números y más números, y en el caso de Bolivia los datos estadísticos no siempre son fiables una vez que no existen censos periódicos.
A manera de aclaración señalaremos que la hoja de coca -mamita kuka-culturalmente está considerada como elemento social-religioso que define la idiosincracia de la cultura Aymara-Queshwa. El narcotráfico es un delito; el consumo de drogas como la cocaína es un mal social de nuestro tiempo y por lo tanto, se la debe combatir con todos los medios disponibbles. Pero, primero combatamos el analfabetismo, la desnutrición, la mortalidad infantil en Bolivia y especialmente, la pobreza de sus habitantes, los cuales sobreviven día por día al neoliberalismo despiadado, esperando un futuro de desarrollo que no termina de llegar nunca.
